“Donde hay confianza, es donde más claras deben estar las reglas”, y eso parece haberle recordado la presidente Claudia Sheinbaum ayer lunes al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y de paso al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, luego de la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, proyecto que pretende preparar elementos para detectar e interceptar drogas, armas, dinero ilícito y otras formas de contrabando.
La cooperación entre Querétaro y Estados Unidos no comenzó ayer ni mucho menos puede presentarse como algo extraordinario, pues durante la última década el gobierno estadounidense ha destinado más de 10 millones de dólares a capacitación y equipamiento de instituciones de seguridad en esa entidad y, desde 2015, ha participado en la preparación de 4 mil 732 integrantes de corporaciones de seguridad y justicia queretanas, de acuerdo con cifras difundidas durante el propio evento.
Por eso el punto planteado por Sheinbaum no estuvo precisamente en cuestionar que Estados Unidos capacite policías mexicanos, sino en las formas utilizadas para impulsar un proyecto internacional relacionado directamente con seguridad, materia particularmente sensible cuando participan autoridades extranjeras y donde las atribuciones del Gobierno federal no pueden convertirse en un asunto secundario.
Sheinbaum cuestionó que Kuri hubiera invitado a Johnson sin involucrar, según explicó desde Palacio Nacional, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Gabinete de Seguridad, por lo que pidió a la Cancillería hablar tanto con el gobernador como con el diplomático estadounidense para aclarar lo ocurrido.
La propia Presidenta tuvo cuidado de precisar que no estaba acusando al mandatario queretano de cometer un delito, sino recordando que la cooperación estadounidense en seguridad debe transitar por los canales institucionales correspondientes.
Por todo ello, el episodio deja una discusión bastante más importante que la imagen de Kuri y Johnson colocando una primera piedra.
México necesita cooperación con Estados Unidos para enfrentar delitos que cruzan diariamente una frontera de más de tres mil kilómetros y sería absurdo renunciar al intercambio de información, tecnología y capacitación únicamente por una postura política.
La soberanía tampoco consiste en levantar muros alrededor del país, sino en establecer las condiciones bajo las cuales otros gobiernos pueden colaborar dentro de territorio mexicano.
Ahí parece estar el verdadero mensaje enviado desde Palacio Nacional, porque los gobernadores pueden mantener relaciones con diplomáticos, promover inversiones y construir puentes con Estados Unidos, pero la política exterior mexicana no puede convertirse en una colección de pequeñas cancillerías estatales dependiendo de quién tenga mejor relación con el embajador en turno.
